内容摘要：Some critics say work permits create a huge magnet for asylum applications from people with weak cases. Immigration courts are backlogged with about 3.6 million cases, which can take years to resolve.

Some critics say work permits create a huge magnet for asylum applications from people with weak cases. Immigration courts are backlogged with about 3.6 million cases, which can take years to resolve.

Durante años, su trabajo fue ampliamente reconocido por su destreza no solo para defender temas indígenas y agrarios, sino también en el ámbito constitucional, donde tiene una maestría y ha asesorado a organismos internacionales como la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas.Aguilar trabajó en favor de las reformas constitucionales que se lograron tras el levantamiento armado zapatista de 1994 en Chiapas, que reconoció derechos básicos para la población indígena como la conservación de su lengua y su cultura, elegir a sus autoridades o mejoras en salud y educación.

No solo eso, consideró que esos cambios no eran suficientes y lideró junto a otros abogados — como López Bárcenas— cientos de controversias constitucionales con el argumento de que las reformas no contemplaban derechos reconocidos por México en tratados internacionales. La Suprema Corte resolvió entonces con cinco palabras, recuerda el académico: “No tienen competencia para reclamar”.Robles, su antigua compañera, confía ahora en que lleve ese ímpetu al alto tribunal. “Para muchos... es una esperanza”, afirmó. “Va a ser un ejemplo para las generaciones actuales y futuras”.Tras colaborar en varios puestos del gobierno de Oaxaca, Aguilar se sumó a la ola de activistas que respaldaron el proyecto de cambio de la administración de López Obrador, la llamada “Cuarta Transformación”, que a mediados de su mandato comenzó a ser cada vez más cuestionada por intelectuales y académicos que la habían apoyado, entre otras cosas, por las críticas del ahora expresidente a muchos movimientos sociales o problemas de falta de transparencia y militarización del país.

Desde el principio del gobierno, Aguilar se incorporó al gubernamental Instituto de Pueblos Indígenas y desde ahí tuvo una de sus actuaciones más controvertidas: promover consultas populares —cuestionadas incluso por la ONU— que avalaron megaproyectos estrella de López Obrador, de gran impacto ambiental y enormes costos, como el, el segundo aeropuerto de Ciudad de México —construido y gestionado por militares— y el tren interoceánico del sur del país.

Romel González Díaz, miembro del Consejo indígena de Xpujil, en la península de Yucatán, por donde pasa el Tren Maya, recuerda que Aguilar fue uno de los funcionarios que llegó a su pueblo, pero en lugar de explicar a fondo el proyecto con sus pros y contras, dijo que ofreció pocos datos y minimizó cualquier impacto negativo. Años después, el gobierno de Sheinbaum reconoció parte de los problemas generados por esa obra.

En 2024 se aprobó una nueva reforma constitucional propuesta por López Obrador y en la que trabajó Aguilar. Tenía avances en algunos temas, como el reconocimiento a la comunidad afromexicana, pero no abordó derechos territoriales y de representación política por los que Aguilar había luchado años atrás.has taken an ax to Biden-era environmental ambitions, rolled back landmark regulations, withdrawn climate project funding and instead bolstered support for oil and gas production in the name of an “American energy dominance” agenda.

Schwarzenegger, the former Republican governor of California, has devoted time to environmental causes since leaving political office in 2011.He said Tuesday he keeps hearing from environmentalists and policy experts lately who ask, “What is the point of fighting for a clean environment when the government of the United States says climate change is a hoax and coal and oil is the future?”

Schwarzenegger told the Austrian World Summit in Vienna, an event he helps organize, that he responds: “Stop whining and get to work.”He pointed to examples of local and regional governments and companies taking action, including his own administration in California, and argued 70% of pollution is reduced at the local or state level.